No, para nada. Los hechos y acontecimientos políticos en sociedades democráticas tienen una doble función en la historia: son aprendizajes colectivos y sientan precedentes jurídicos y éticos para un mejor desenvolvimiento de las instituciones y los actores sociales y políticos.

El llamado “escándalo” de las firmas de adherentes para los movimientos y partidos constituye por ahora una fea mancha en la historia reciente de Ecuador. Muchos de los que hasta ahora aparecen como presuntos falsificadores de firmas (que por suerte no son todos y tampoco a algunos hay que endilgarles toda la responsabilidad) pensaron que iba a ser muy fácil introducir documentos falsos y luego de inscribirse recibir parte de los fondos del Estado para hacer campaña electoral, llegar a un cargo de responsabilidad pública -la Presidencia de la República, por ejemplo- y de ahí ordenar el país con su moralidad, ética y poco escrúpulo. Casi como lo hicieron muchos en el pasado.

De todos modos, no hay borra y va de nuevo: ahora, todos los partidos y movimientos deben decirle a Ecuador cómo van a actuar con sus militantes, a los que les pidieron firmas, cómo van a informarles de sus planes y proyectos, etc. En otras palabras, ahora queremos ver cómo hacen militancia también quienes firmaron por esas organizaciones y cómo fortalecen la necesaria politización ciudadana para profundizar la democracia y la participación popular.

Solo de este modo podrán demostrar, sobre todo los que ya son reconocidos legalmente por el CNE, que no se trata solo de un acto electoral y que la participación política no es un mero “tarimazo” o una concentración proselitista. Ahí queremos ver a esos partidos de derechas e izquierdas que reclaman para sí la representación popular, para saber hasta dónde efectivamente sienten la política como un acto cívico regular.