La demanda presentada por los empleados de la revista Vanguardia cambia todo el discurso que manejaron sus directivos propietarios. Si ellos solicitan garantías para sus derechos, no es posible que el argumento del cierre de la revista de “investigación” se apoye en la vigencia de la Ley de Comunicación.

Por encima de cualquier consideración política (que más huele a pretexto antilaboral) están los derechos de los trabajadores de toda empresa. Y en ese sentido no cabe ninguna omisión ni excusa.

Si se cierra la publicación (algunos dicen por la falta de recursos, escasa circulación y retiro de los auspiciantes “poderosos”) hay  normas y leyes laborales que cumplir. De hacerlo, se ahorrarían un mayor desdoro por pretender tergiversar el contenido de una ley (obligatoria para todos) para evitar el pago de una indemnización legítima.