Resulta sospechoso  que en determinadas coyunturas ocurran consecutivos hechos de violencia. Lamentablemente los crímenes se cometen todos los días, por diversas causas. Sin embargo, es extraño que esos asesinatos, que según el ministerio del Interior han bajado en las estadísticas desde diciembre pasado, adquieran un protagonismo particular en ciertos medios de prensa. De hecho, algunos canales de televisión, que se jactan de respetar la Constitución, no escatiman en su morbosa exposición de noticias de crónica roja.

Durante los debates de los temas de la consulta se advirtió que si los resultados de la misma no eran favorables a la agenda de ciertos actores políticos y mediáticos, inmediatamente se desataría una campaña para posicionar la siguiente tesis: ni con consultas ni elecciones se reducirá la inseguridad.

Y ahora volvemos a observar que se escandaliza con casos violentos.

Cierto es que debe haber una lucha mucho más enconada contra el crimen, pero también es cierto que la Policía, los ministerios del Interior y de Justicia han implementado acciones y políticas que van dando resultados y advierten al país la firmeza de no dejar al crimen libertad e impunidad.

Y frente a ese esfuerzo y decisión vemos con tristeza que de la Función Judicial no hay la misma disposición: los fiscales no acuden a las audiencias, a veces se las suspende e incluso  se deja en libertad a personas que han sido detenidas en delito flagrante.

Por lo tanto, con mucha perspicacia corresponde advertir que no se inicie una supuesta ola de violencia que intente menoscabar el pronunciamiento popular del 7 de mayo último ni generar incertidumbre en medio de un proceso político e institucional que busca garantizar a la ciudadanía seguridad con todos los recursos y complejidades que ésta demanda.