Los afanes electoralistas de algunos asambleístas de la llamada partidocracia se han revelado en dos proyectos que los esbozan camufladamente en cada intervención mediática: el  de la Ley de Comunicación y la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

En el primero buscan un aliado: la prensa privada y opositora. Y a cambio reciben páginas y pantalla para todas sus intervenciones, sin importar si con ellas fortalecen la democracia, cuando saben que solo posicionan figuras políticas con el mismo discurso de siempre.

En el segundo, ahora en debate parlamentario, quieren, como ellos dicen, “recuperar” la tarea fiscalizadora de la Asamblea, cuando en la práctica lo único real es hacer del pleno el Coliseo Romano, tumbarse ministros y con ello tener carta de presentación para las futuras elecciones, en el mismo estilo usado y explotado por León Febres-Cordero en su momento.

La fiscalización, para los opositores y actores políticos mediáticos, no se sostiene en procesos, solo en escándalos. De hecho, si tuviesen la suficiente fuerza sus denuncias, sobre supuestos actos de corrupción, a donde deberían acudir inmediata y velozmente es a la Fiscalía.

Lo que buscan es un titular, una foto y hasta un show “acolitado” por los periódicos, canales y radios opositoras. En otras palabras, quieren una “cabeza” en su currículum vitae para señalar que hicieron política.

La pregunta que se debe hacer a los “fiscalizadores” es cuántas leyes procesaron, con cuánta gente se reunieron en todo el país para elaborar y trabajar en proyectos de ley en beneficio de la ciudadanía. Los que más salen en los medios, casi siempre, son los que menos labor legislativa realizan. Las autoridades de la Asamblea le deben mostrar al Ecuador el nivel de eficiencia y gestión de cada asambleísta, oficialista u opositor, para que se convierta esa rendición de cuentas en una verdadera fiscalización popular a los mismos parlamentarios, ante todo.