Sociedades como la ecuatoriana están marcadas por una impronta: la desigualdad. Y eso no ocurre por un designio de la naturaleza ni de ninguna providencia, sino por factores bien identificados. Uno de ellos es la injusta distribución de la riqueza. A eso se une la consuetudinaria inclinación de ciertos grupos económicos por repatriar sus capitales en vez de invertir donde se crearon. De ahí que debatir sobre un pacto ético para que ningún cargo público pueda ser ocupado por una persona con dinero, empresas o sociedades en paraísos fiscales por ahora es más que un llamado a la conciencia de los ecuatorianos. Hoy es una de esas convocatorias políticas inaplazables, con una buena dosis de polémica a partir de la resistencia de ciertos grupos, con el apoyo de académicos y de determinados medios de prensa. Estos sectores han apelado al consenso como una vía para definir, apoyar o reafirmar ese pacto ético, pero resulta que el consenso solo existe si ellos lo imponen o impugnan. El consabido consenso sabemos dónde se construye y quién lo define. Por ‘consenso’ hubo un feriado bancario y otras tantas barbaridades. Sin duda: el apoyo general a este pacto ético tendrá un efecto directo e inmediato en la economía, en la producción y en las empresas, pero ante todo en el mejoramiento de la calidad de vida y en la comprensión de otro modo del mismo capitalismo. (O)