No hay forma de ocultar la decisión absolutamente política y desproporcionada del Procurador colombiano con respecto al alcalde legítimo, Gustavo Petro.

Condenarlo con 15 años para no ejercer ningún cargo público -lo que incluye negarle toda participación política- solo evidencia la intención de ese sector uribista que no piensa en la paz ni en el desarrollo de Colombia.

Su objetivo está muy claro: condenar a un exguerrillero que recuperó a Bogotá de la corrupción y la ineficiencia administrativa, además del concepto de lo público, es  mantener los privilegios y canonjías de los grupos de presión.

Si hay algo de sensatez para favorecer la verdadera convivencia democrática, el Procurador colombiano debería revisar su decisión y respetar el mandato popular de los bogotanos.