Ecuador pasa por un momento en el que a la toma de decisiones frente a un derecho constitucional y un bien público -que jamás debieron estar al servicio de intereses individuales y corporativos- le queda muy poco tiempo. Nos referimos al derecho consagrado en la Constitución de la República sobre el libre acceso a la educación superior, parte fundamental de un principio universal de solidaridad sobre el derecho de conceder “a cada uno según su capacidad y a cada uno según su necesidad”.

La posesión de los miembros del Consejo de Educación Superior (CES) -que reemplaza al Conesup- y el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Ceaces), va a liquidar los problemas generados ante la ausencia de reglamentos que debieron volver operativa la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), sobre todo en temas relacionados con  normas de ingreso, promoción, evaluación, escalas remunerativas, jubilación,  regulación de títulos y grados académicos, régimen de posgrado, de carrera y escalafón para docentes e investigadores del sistema. La ciudadanía está consciente de que los cambios son necesarios ahora, y observa cómo en un país políticamente maduro, como lo es Chile, las tareas pendientes en el área educativa se fueron acumulando hasta convertirse en una mecha lenta que, en el mediano plazo, originaron una explosión social en demanda de gratuidad y educación de calidad. La igualdad de oportunidades que caracterizaba  a la formación académica en el país de la “estrella solitaria” fue sometida al capitalismo salvaje y al nuevo liberalismo impuestos por la dictadura del general Augusto Pinochet. El tamaño del Estado se redujo  y  las competencias gubernamentales pasaron a manos privadas. Del aparato educativo solo quedaron migajas que no  cubrieron las necesidades de los sectores más vulnerables.

Los cambios que impulsa el gobierno de la Revolución Ciudadana no tratan de apagar hogueras, buscan encender la llama de la equidad.