Las comunidades indígenas del Ecuador, por originarias y ancestrales, constituyen un patrimonio presente, histórico, pero ante todo vital para el mundo. No pueden ni deben ser una herramienta política de nadie.

Mucho menos un escenario para el conflicto, la violencia, la persecución, y menos para violentar la ley y las normas jurídicas. Sus dirigentes y líderes históricos saben de la enorme responsabilidad que pesa sobre sus hombros.

Y, por lo mismo, deben sopesar el uso que algunos personajes están haciendo de ese pueblo para fines estrictamente políticos. Sarayacu no puede mancharse, por respeto a sus habitantes y por su historia. Incluso, por su misma existencia como ese símbolo de nuestra identidad ante el mundo.