No hay cifras exactas. Tampoco denuncias concretas, pero lo ocurrido el día viernes prueba, una vez más, que hay organizaciones políticas que se mueven con dinero antes que con principios: contratan gente, empresas, grupos para afiliar, sin importar que los “afiliados” coincidan con sus principios o propuestas. El objetivo es competir electoralmente y para ello destinan buena parte de recursos personales y empresariales.

Por ahora los nombres están ahí muy bien identificados. La mayoría de las denuncias corresponde al partido de uno de los hombres más ricos del Ecuador y que tiene deudas pendientes con el SRI. ¿Para qué quiere el poder? ¿Para resolver esos temas personales y empresariales y por ello han pagado, al parecer, a grupos que recogen firmas y afiliaciones?

De todos modos, este hecho reprochable prueba -además- que el Consejo Nacional Electoral tendrá mucho trabajo en los próximos días para decirle a todo el país qué pasó realmente, qué hay detrás de todo esto. No podemos aceptar que las organizaciones políticas hagan de la militancia un negocio. ¿Dónde están las pruebas de esos procesos de afiliación que sí hemos visto en organizaciones políticas serias y responsables? De un día para otro aparecen grupos y movimientos que se instalan como actores políticos con miles de firmas que ahora sabemos salen de empresas dedicadas a ofrecerlas.

Todo esto sin contar que  no solo es una ofensa, sino un acto ilegal que los números de cédula y los nombres de personas sean tomados sin consulta para afiliar indiscriminadamente. Ya ha pasado y se ha denunciado que determinadas empresas privadas se encargan de ofrecer banco de datos. Incluso, algunas entidades económicas poderosas venden la lista de sus clientes a altos precios. Por eso hace también falta mayor rigor en la legislación sobre protección de datos personales.