Los documentos y la lista encontrados en las instalaciones de la Policía prueban lo que algunos mandos de esa institución negaron todo el tiempo.

Y gracias a esto, además, se puede abrir procesos de investigación que esclarezcan y judicialicen los casos de violaciones a los derechos humanos que habrían cometido los miembros del llamado SIC-10.

Pero, al mismo tiempo, con estos datos queda una duda latente: ¿cuál fue la autoridad política que autorizó u ordenó su creación como una estructura clandestina? De acuerdo con el Informe de la Comisión de la Verdad, a ese aparato policial se le atribuyen varios delitos de lesa humanidad.

Por lo mismo, lo que haga la Fiscalía con este caso ayudará a conocer mejor qué pasó en la época que existió ese cuerpo armado.