Condenamos los actos de corrupción dentro de un proceso atrasado y tan lento en su ejecución. Quienes sean los responsables de esos actos -tanto los que pidieron como los que pagaron plata- no solo deben ir a la cárcel, sino también explicar a todo el país si por ese motivo se ha retrasado tanto y si de ese modo se quiere echar abajo un mandato constitucional.

La democratización del espectro radioeléctrico ha sido una demanda histórica, tanto de los gremios de periodistas, como de instituciones sociales, así como de una corriente mundial a favor de eliminar los monopolios y los privilegios. No es posible que ahora, por un acto de corrupción deplorable, se quiera detener ese proceso y perennizar la inequidad en la distribución de frecuencias. Si hay que corregir y sancionar a quienes atentan contra ese derecho, hay que hacerlo, pero otra cosa es aprovecharse de eso para seguir tal como estábamos hace diez años.

Aquí se trata de cambiar las cosas y no de sostenerlas para beneficio de unos pocos. Las entidades responsables del tema le deben explicar al país por qué se demoran tanto y cómo van a cumplir un mandato constitucional democratizador. (O)