Conceptualmente y jurídicamente son una herramienta fundamental para garantizar y preservar los derechos humanos de cualquier ciudadano, sin duda alguna. Y en nuestro país hay poca experiencia de su efectividad y rendimiento jurídico seguro. De hecho, en este momento, en EE.UU. tenemos a un compatriota condenado a muerte para quien el Gobierno ecuatoriano actual ha solicitado medidas cautelares para que no se cumpla esa sentencia que viola el principio humano fundamental. ¿El gobierno de Barack Obama cumplirá con ese pedido que la CIDH considera, fuera de las fronteras de EE.UU., como uno de los grandes crímenes de los Estados?

En el contexto político actual las medidas cautelares son usadas por fuera del espíritu del artículo 25 del reglamento de la misma CIDH: se las solicita y aplica “en situaciones de gravedad y urgencia, para prevenir daños irreparables a las personas”.

Si quienes ahora defienden a la CIDH a “capa y espada” piensan solo en los dueños del diario El Universo y por eso apoyan la aplicación de medidas cautelares por el actual Gobierno, se olvidan que cuando hubo periodistas amenazados por el régimen de Lucio Gutiérrez esas medidas no pasaron de ser un saludo a la bandera. La integridad de esos periodistas no fue salvaguardada por la CIDH ni nadie, sino por ellos mismos. En la práctica se convirtieron en acciones burocráticas para poner un policía o un custodio a cada periodista y nada más, porque hasta ahora no se sabe a ciencia cierta de dónde salieron las amenazas de muerte.

Nadie duda de la importancia de esas medidas, pero también es cierto que deben nacer de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como una acción legal vinculante, de carácter obligatorio y no por el “entusiasmo” político de unos comisionados sin ninguna autoridad jurisdiccional.