Efectivamente, privatizar el uso y administración del agua sería darle a una organización todo el poder para ello.

Como recurso estratégico debe ser un asunto de Estado. Eso no hace distinción de ideologías, sistemas, modelos o programas. Aquí y en cualquier parte del mundo. De ahí que las marchas, editoriales, entrevistas y pronunciamientos de estos días parten de una premisa falsa: se quiere privatizar el agua.

El proyecto que va a su votación definitiva no contiene en ninguna parte postulado alguno que explique esos pronunciamientos. Al contrario, recoge buena parte de las demandas históricas de amplios sectores, incluida la de varias etnias, representadas en una organización.

Y si eso ocurre, ¿de dónde nacen esas acciones políticas? ¿Por qué no se expresan con el mismo rigor aquellas poblaciones (en provincias como Loja o Santa Elena) que no tienen agua y por décadas han sufrido esa realidad, pero trabajando con instituciones estatales han salido adelante con proyectos y planes concretos y reales?