La corrupción mina la confianza de la ciudadanía en la democracia. Esta semana los ecuatorianos han visto con estupor e indignación como se detenía al prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, del Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero; al expresidente Abdalá Bucaram, y ayer al asambleísta aliado de Alianza PAIS, Daniel Mendoza, y al director del Servicio de Contratación de Obras (Secob), René Tamayo.

Los dos primeros por sobreprecios en la compra de insumos médicos para enfrentar la pandemia. A los segundos por un presunto delito de delincuencia organizada, relacionado con la estructura de corrupción en la construcción, entre otros, del Hospital Básico de Pedernales, en Manabí.

En total se detuvo a 23 personas por cuatro casos de corrupción que son parte del universo de 45 casos que tiene la Fiscalía. Pero de los detenidos por los casos de los hospitales solo cuatro están en prisión, mientras los otros tienen medidas sustitutivas. El presidente Lenín Moreno se pronunció sobre este tema en su cuenta de Twitter: “la Fiscalía y la Policía Nacional cumplen con su deber, ahora, que la justicia aplique la ley. La corrupción se combate y se sanciona, solo así se evita la impunidad, dice el trino de Moreno”.

La fiscal Diana Salazar y la ministra de Gobierno, María Paula Romo, lamentaron que los jueces no estén a la altura de la lucha contra la corrupción en el país. Una lucha que ha sido liderada por el Primer Mandatario desde el inicio de su Gobierno que devolvió la democracia, la institucionalidad y la independencia de funciones a este país.

También convocó a una consulta popular que contó con el apoyo del 63% de los ecuatorianos y siempre ha brindado facilidades a las entidades para investigar y sancionar a aquellos que han mal utilizado los fondos públicos. Las detenciones y los allanamientos en esta semana son acciones encaminadas a combatir la pandemia inmoral y la impunidad en este país. Pero, al mismo tiempo, como dice el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García, no ha existido un período de lucha contra la corrupción como el actual, desde el retorno a la democracia, en 1979. (O)