Cuando un consorcio de periodistas advirtió de la publicación de la lista de personalidades del mundo con cuentas en paraísos fiscales no midió la consecuencia para aquellos grupos y políticos que dan clases de moral y responsabilidad pública. En Ecuador ya hemos visto cómo ciertas personas bajaron en las encuestas y cómo otras han tenido que dar cuenta de sus negocios y patrimonio privado. Incluso, un exministro del actual gobierno no solo que ha dejado su cargo sino que en la Asamblea debió explicar por qué uno de sus subalternos y él mismo no han sido del todo transparentes en sus cuentas y propiedades personales. Y ahora, en el mundo, hay una corriente a favor de que políticos y autoridades públicas con cuentas en paraísos fiscales no puedan acceder a cargos públicos. No es un asunto de legalidad o no. Se trata de legitimidad y ética con sus propios países y ciudadanos. A ese consorcio se le pidió publicar todos los nombres y todas las cuentas. Y ya vemos qué ha pasado. Por tanto, no es solo modificar una conducta sino asegurar una gestión pública a favor del bien común. (O)