Se mire por donde se mire, la reunión del pasado martes es altamente provechosa: acaba con ese mito de que en el Ecuador no se puede dialogar, afianza la institucionalidad del país cuando Gobierno y empresarios abordan temas desde la condición y rol de cada uno, sin la intermediación de poderes fácticos y políticos utilitaristas; abre nuevas fronteras para intereses comunes y armoniza la calidad de la democracia sin prejuicio, amenazas ni chantajes.

El resultado: si hay que corregir políticas y adecuar tiempos y condiciones para el bien común, no hay necesidad de arremetidas mediáticas a través de personajes políticos que solo buscan un rédito electoral inmediato. Las propuestas empresariales, como ellos lo reconocen y asumen, tienen un límite: la Constitución. Y si dentro de ella se posibilitan reformas legales, sin afectar derechos laborales y mucho menos sociales, las solicitudes deben debatirse ampliamente.

Lo de fondo, como lo reconocieron el presidente Rafael Correa y los empresarios, es que se trata de una tarea colectiva. Afrontar el bienestar de la gente no es un tarea exclusiva del Gobierno, y menos de la empresa privada. “De esta salimos todos juntos o no salimos”, les dijo Correa. Y así es, porque el lucro y la rentabilidad privada no pueden estar por encima del bienestar colectivo.

Lo de fondo, aparte de que el diálogo ayuda y sincera muchas cosas, es que esta nueva “camada” de empresarios, muchos de ellos bastante jóvenes, revela una nueva situación en el Ecuador de este siglo: la producción y el emprendimiento económico tienen un sentido mucho más social y esos  empresarios van asumiendo que la riqueza privada no puede ser motivo de orgullo si se sienta sobre una geografía de pobres. Esos paradigmas que hacían del empresario un todopoderoso se quedan por retrógrados y porque la historia empuja a otras concepciones e hitos.