La Cámara de Comercio de Guayaquil, cuyo presidente fungió como asesor de Guillermo Lasso en las pasadas elecciones, ha emprendido una campaña a favor de la flexibilización laboral. No usan esas palabras porque saben que generan rechazo.

La oposición y los gremios que la acompañan parece que no han comprendido un punto clave: perdieron las elecciones. Imponer su agenda al nuevo gobierno es antidemocrático, es desconocer la voluntad popular.

No se puede confundir la búsqueda del diálogo con debilidad política. Ni tampoco achacar la defensa de los derechos laborales con un aumento del desempleo, que ya se revirtió. Un país justo no basa sus ganancias en la explotación de las personas, como ya lo hizo Ecuador en los aciagos días de la tercerización.

Hoy, la no afiliación al IESS es un delito, además existe el Biess que provee de viviendas a los ciudadanos, permite la afiliación de amas de casa, e impide el despido laboral de embarazadas. Son conquistas irrenunciables. (O)