Ya no solo sorprende sino que fastidia. Que un grupo de defensa de los derechos humanos ponga un amparo a favor de los invasores raya en lo increíble. Si su argumento es la defensa al derecho a la vivienda, no ahora, sino desde hace décadas debieron poner amparos en contra de ciertos gobiernos municipales que “garantizaron” negociados con la necesidad de los pobres.

¿Cuándo el activista de derechos humanos que interpone el amparo  demandó a los traficantes de tierras que jugaron con el anhelo de vivienda digna para los pobres?

¿Han hecho algo con la falta de atención de los municipios que han sostenido las invasiones? Si quieren hacer algo por esas familias, luchen por una vivienda digna y no sean utilizados por los traficantes y sus negocios.