Ni medios como el New York Times o políticos como Fernando Henrique Cardoso creen que la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, sea culpable de algún delito de administración pública. Pero tanto ese periódico y ese exmandatario dejaron pasar la explicación verdadera y el trasfondo del enjuiciamiento a una luchadora y revolucionaria de izquierda. Aquí se ha consagrado un delito político y los responsables son el vicepresidente Michel Temer y las decenas de diputados y senadores investigados en las cortes por haber recibido dinero, favorecido contratos y hacer uso indebido de sus cargos. Hay un delito político contra una persona que simboliza ese deseo de decenas de millones de brasileños que votaron por un cambio profundo en una sociedad injusta y desigual. Hay un golpe a la democracia con el apoyo de algunos grandes medios de comunicación y unas organizaciones de izquierda que calculan que ahora sí tendrán la oportunidad de llegar al poder. Y como se trata de un delito político no tardará mucho en hacerse justicia. Las medidas anunciadas por el usurpador del poder ya explican por qué no quisieron nunca un cambio real de la economía, la sociedad y la cultura en Brasil. Allí se ha revelado que no importa quién gobierne, lo importante es qué empresas ponen la plata y qué negocios se santifican desde los gobiernos y los parlamentos, nada más. (O)