Lo denunciado sobre los bienes de la Izquierda Democrática abre una reflexión: como entidades privadas recibiendo fondos públicos, los partidos políticos saben que tienen unas responsabilidades concretas. No se les entrega un bien para que hagan uso privativo y lucrativo, sino para un ejercicio público.

Sobre esa base, quienes hagan lo contrario, mal podrían pedir el voto para ejercer funciones con responsabilidad gubernamental. Es decir, quienes más demandan transparencia y ética deben actuar de la misma manera.

En el caso de la Izquierda Democrática, solo le corresponde asumir sus faltas -si las cometió- y saldar  cuentas con el Estado. De otro modo, el bien ganado prestigio del partido  quedaría por los suelos, debido a la incompetencia de unos cuantos dirigentes.