Al contrario, es un mandato constitucional, popular y democrático. Y por lo tanto, la Asamblea Nacional tiene un déficit con el proyecto de Ley de Comunicación. Por lo tanto, siendo así, la votación que hoy debe realizarse, de acuerdo a la decisión asumida por los legisladores, debe terminar en la aprobación de un cuerpo jurídico, como existe, para la prensa y los medios, en cualquier país del mundo.

Pero hace falta una aclaración oportuna: quienes han trabajado denodadamente, en conjunción de acciones y criterios, son los asambleístas opositores y los medios comerciales, con sus gremios y asociaciones, con resonancia en el extranjero. Ellos, en esas condiciones, han reiterado velada y abiertamente la innecesaria promulgación de una ley que regule a los medios bajo el argumento de que la mejor ley es la que no existe. Y siendo así, han desatado toda la ingeniosidad para irse en contra del mandato constitucional y ciudadano consagrado en dos consultas populares.

No es menos cierto que algunos asambleístas de PAIS  contribuyeron a la falta de rigor y sustentación del debate, algunos de los cuales ya salieron del bloque oficialista. Y por lo mismo, acentuaron el déficit de la Asamblea.

Ahora bien, si hoy se produce la votación artículo por artículo, podremos mirar y consignar cómo piensan los legisladores, por ejemplo, en el caso de artículos relacionados con los derechos a la comunicación y aquellos que desarrollan una nueva legislación a favor de la expansión mediática en los próximos años en un escenario de cambios tecnológicos profundos.

Es de esperar que la aprobación de esta ley signifique un paso adelante en el desarrollo democrático del país, con responsabilidades muy claras para todos los actores sociales, donde ahora juegan un rol importante los medios de prensa.