Por razones que no se explican del todo se ha postergado demasiado tiempo el concurso para la redistribución de las frecuencias. El propio presidente Rafael Correa ha señalado que hay 900 frecuencias cuya concesión ya caducó. Es de suponer que solo de ese número habrá que hacer cumplir la disposición constitucional para la democratización de la comunicación, de modo que se cumpla con el 33-33-34, como se conoce ya popularmente. Por lo tanto el concurso no puede demorar más y debe asegurar que el proceso contenga todos los elementos para garantizar esa disposición constitucional y de una vez ampliar el espectro para que existan más radios comunitarias y públicas. Claro que se trata de un proceso técnico complejo, pero ya ha pasado mucho tiempo. Evidentemente habrá resistencia y hasta una campaña para deslegitimar el concurso por aquellos sectores que se sienten dueños de la frecuencia y que la asumen como un patrimonio personal, cuando sabemos que en algunos casos fue producto de una ‘negociación política’. Ya veremos la campaña que se monta. (O)