No hay semana que no veamos a algunas de las máximas autoridades de los municipios y prefecturas en reuniones públicas de carácter proselitista fuera de su jurisdicción. Evidentemente deben contar con el permiso respectivo y no usar los recursos públicos. Pero más allá de eso (que se debería fiscalizar) hay un tiempo prolongado destinado a esa tarea. Y quizá se prolongue más, conforme la campaña electoral avance.

De hecho, ya hay una reacción por parte de quienes conforman el gobierno provincial de una zona concreta de Ecuador donde sus integrantes no solo que pidieron la renuncia del Prefecto, sino que demandan que labore todo el tiempo en su lugar de trabajo. Hubo una votación y la mayoría rechazó el pedido de que presente la renuncia.

Lo cierto es que no solo es ese prefecto, hay otros más y también ciertos alcaldes que están en plena campaña electoral. Nadie niega el derecho a la actividad proselitista, pero, por favor, que lo hagan fuera del horario de trabajo. Por ejemplo, movilizarse a la Amazonía para un alcalde de la Costa es casi un día completo. ¿Quién responde por esto? (O)