El presidente de la República, Rafael Correa, alertó el sábado anterior respecto al sobreendeudamiento que estaríamos experimentando en  Ecuador. Dijo: “En total, consideramos que el 41% de las familias tiene sobreendeudamiento, estamos hablando de 400 mil familias.

Esto puede generar graves problemas para la economía en general”. Por lo visto, el fenómeno ocurre principalmente con las tarjetas de crédito.

Esta alerta, prudente y necesaria para evitar cualquier problema, ha sido mal entendida por ciertos analistas que ayer en algunas emisoras y en comentarios de prensa escrita ya lanzaron la salida “monumental”: recortar el gasto público.

Y como entre los entrevistados hay “expertos” que en realidad son funcionarios de entidades bancarias, obviaron lo fundamental: un mayor y riguroso control de la misma banca para evitar un endeudamiento por encima de la capacidad de pago de los usuarios.

De hecho, otros expertos consultados por este Diario señalan que hay dos fenómenos a considerar: una compulsión por el consumo (que se puede explicar de diversas razones), evidenciado en el uso de la tarjeta como una extensión de la chequera o del efectivo; y también por la “tentación” que generan las instituciones financieras con las ofertas y promesas que hacen, eso sí, compulsivamente, a través de publicidad y de insistentes llamadas telefónicas directas.

Por lo mismo, las alertas, para garantizar una economía sana y no una propensión a comprar, deben apuntar a lo medular, pero jamás  utilizarse como un pretexto para advertir que no se haga gasto público en salud, educación, vialidad, seguridad social, seguridad ciudadana, que le corresponde al Estado y, por lo mismo, debe financiar las tareas de sus empleados.

De lo contrario, volveremos al pasado para que sea la empresa privada la que ordene la economía.