Bien ha hecho el Consejo Nacional Electoral en denunciar en la Fiscalía las agresiones a sus funcionarios. No cabe ni una sola justificación para ello. No solo que fueron a casas, oficinas y recintos para provocar y violentar. Hicieron uso de recursos bajos e ilegales para posicionar una tesis por demás sacada de los cabellos: el fraude. Y al mismo tiempo el candidato a la vicepresidencia Andrés Páez usó a un niño para simbolizar un acto por demás violento: ahorcar a un borrego.

Y si a eso se añade que el prefecto de Azuay, Paúl Carrasco, convocó a los cuencanos a recibir ‘a patadas’ a Juan Pablo Pozo, estamos frente a un escenario nunca antes visto ante un resultado electoral que a todas luces refleja la voluntad popular. ¿Es entonces admisible la impunidad en esto? ¿En qué parte del mundo democrático y civilizado se aceptaría esto como un hecho normal? Pues no, ninguna fuerza política de oposición y mucho menos la prensa privada y comercial deberían callarse. Y lo hicieron del modo más cómplice.

A estas alturas de nuestra vida política solo cabe el rechazo general, la investigación puntual y el castigo correspondiente, dentro del debido proceso y bajo todas las garantías legales. (O)