Los pasados jueves y viernes, doce representantes del mismo número de países, integrados en la Unasur,  se reunieron en Quito. Al final de la cita propusieron crear un ente complementario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA). Y por lo mismo, ya hay voces que alientan este propósito; obviamente, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) inmediatamente ha expresado su oposición.

¿Qué entienden los dueños de los periódicos y los políticos tradicionales como soberanía? ¿Cuándo lograrán entender que las naciones pueden definir sus determinaciones sin pedir permiso a nadie, menos a potencias extranjeras y aún menos a organizaciones de empresarios?

Ellos no entienden la propuesta ecuatoriana: promover y promocionar la protección de los derechos humanos a nivel regional, que garantice el cumplimiento integral con especial énfasis en los derechos sociales, culturales y económicos, el derecho al desarrollo de la paz, el respeto y armonía con la naturaleza.

Está por demás decir que estos doce países han declarado con absoluta claridad que no proponen la desaparición ni de la CIDH ni de la OEA. Sin embargo, la prensa comercial ya subraya ese supuesto propósito.

Lo que no podemos desconocer es que de un tiempo a esta parte no hay que pedir permiso a nadie para decidir el futuro de nuestras naciones. Y siendo así, en el tema de los derechos humanos tenemos una larga experiencia de cómo se ha tratado a países como Chile o Argentina cuando las dictaduras militares cometieron crímenes de lesa humanidad, ni los EE.UU. ni otros gobiernos dijeron nada, menos los condenaron, como ahora sí quieren hacerlo con gobiernos que no se someten a los postulados liberales y conservadores de quienes controlan los organismos que dicen defender nuestros derechos.