Ahora, casualmente, Fundamedios y la SIP coinciden. Las dos entidades defensoras de la prensa comercial y empresarial dicen que hay una campaña de cierre de emisoras en el Ecuador. Y con ello, afirman, se violenta la libertad de expresión.

Y como las dos entidades se dicen defensoras de ese derecho constitucional y universal no han tenido la delicadeza de revisar lo que dicen sus representados (los medios comerciales) y confirmar si efectivamente lo que publican corresponde a la verdad.

Ahora, tras una semana de verdades a medias y versiones interesadas, oficialmente se sabe (incluso algunos canales de televisión han tenido que rectificar) que esa “campaña” obedece a un proceso de revisión correspondiente a un período donde vencen algunas concesiones.

De hecho, cerca de 300 frecuencias fueron renovadas y eso no consta en los informes de Fundamedios y la SIP. Y por lo tanto, en la práctica, se ha publicado y  denunciado una verdad a medias.

Y es una verdad a medias porque es cierto que los cierres de emisoras corresponden a una sanción frente a violaciones a la ley cometidas por los concesionarios de esas frecuencias. La otra parte de la verdad es la que se oculta con fines que se sospecha a qué obedecen.

¿Estaría mal que Fundamedios y la SIP hablen con sus representados y les den un tirón de orejas por informarles mal, hacerles pasar  vergüenza pública y, de paso, reafirmarse en su pésima gestión como organismos de defensa de la prensa?

Ya hemos dicho en este espacio que la “feria de frecuencias” que vivió el Ecuador durante los ochenta y noventa no ha sido del todo investigada, a pesar de la auditoría realizada.

Y si se hiciera un análisis de fondo, encontraríamos que algunas de esas frecuencias y sus concesionarios son los mismos que generan la desinformación sobre
este tema.