La reunión de los empresarios de la comunicación impresa del continente vuelve a pecar de lo mismo: sus informes no se sostienen en la suficiente reportería sobre la realidad de Ecuador. Con base en los mismos prejuicios y versiones parciales han señalado conclusiones que van más allá de lo verificable.

Pueden tener opiniones, pero no señalar a un país y a sus instituciones como las detractoras de libertades, solo porque ahora las empresas de periodismo escrito no son gestoras en las políticas públicas de comunicación.

Se opusieron a la Ley Orgánica de Comunicación y a las instituciones creadas, y ahora insisten en desprestigiarlas por el puro afán de colocar sus tesis por encima de las demandas sociales y políticas del Ecuador.