Ha concluido el proceso de enjuiciamiento y sanción a quienes se ha denominado los “Diez de Luluncoto”. La acusación era por terrorismo y la sentencia es por tentativa de terrorismo. Los acusados y sentenciados deberán pagar una condena de un año, según lo determinaron los jueces. Si los abogados desean apelar el proceso seguirá su curso regular, pero en principio los señalados tendrán que cumplir su pena. Las dos chicas que permanecían detenidas saldrán de la cárcel la próxima semana.

Ante este hecho hay consideraciones políticas que hacer porque el uso mediático y político ha sido desmesurado frente a circunstancias concretas. De plano, hay que decirlo con claridad, el proceso demoró más de lo debido y no tuvo todo el sustento para justificar la primera acusación, para todos los involucrados. Había que discernir entre quiénes  tenían indicios de participación o vinculación directa con la colocación de bombas panfletarias, parte del grupo Sol Rojo, y quiénes solo se encontraban en la reunión en la que fueron apresados.

La lentitud no ayuda a administrar verdadera justicia, sea cual fuese el resultado. Y a ello hay que señalar otro elemento: los involucrados han reconocido su activismo político. No se trataba solo de jóvenes alegres y entusiastas oyendo o tocando música. Su militancia es reconocida y todo el apoyo recibido lo ratifica.

Claro, el respaldo de la prensa privada y comercial, además de los opositores, fue muy instrumental y utilitario. En otras épocas, con graves violaciones a los derechos humanos, quizá hasta por delitos menores, cuando el socialcristianismo gobernaba, jamás esa prensa hizo lo que ahora por los activistas del MPD.

¿Se hizo justicia con la sanción impuesta? Quizá no con todos, porque los directamente involucrados, si las pruebas presentadas y aceptadas por los jueces así lo justifican, no eran más de dos. El resto mereció otro tratamiento y otro tipo sanción, si fuese el caso.