El consorcio internacional de periodistas (del cual forman parte seis ecuatorianos) tiene una deuda pública e histórica: difundir la información completa que posee, en la cual -supuestamente- constan los nombres de uno que otro actor político. Ya hay una fuerte corriente de opinión a favor de exhibir todo lo que alguna fuente le pasó. Si no lo hace, habrá probado que no se trató de una rigurosa investigación, sino de una absurda y neta exhibición sesgada de lo que les convenía para no afectar a determinados actores políticos. Pero a la vez esta realidad nos ha demostrado que los actores políticos tienen unas responsabilidades públicas con sus electores. Y no hay distinción, sobre todo si son de elección popular y representan a una comunidad. Por lo mismo, la mínima duda o sospecha la deberán absolver con información, documentos y rendición de cuentas. No caben insultos, injurias ni amenazas a los medios o periodistas que piden datos sobre sus actividades. Así pasa en otros países sobre el mismo tema. Si un actor político pide la renuncia de otro, entonces debe afrontar el mismo pedido sin chistar. (O)