No le hacen bien al movimiento indígena ni al de los trabajadores esas ONG que ahora se abanderan de la defensa ‘jurídica’ de los derechos humanos ante organismos internacionales. Un Estado de derechos también debe precautelar por la paz pública, el orden y el respeto a la propiedad pública y privada. Y quienes protestan en contra de cualquier política también. No se trata de estirar el concepto para justificar ninguna violencia y mucho menos para victimizar para sacar algún rédito político. El documento enviado por ciertas ONG a la CIDH está plagado de errores jurídicos. Primero porque las manifestaciones ocurrieron antes de declarar el estado de excepción por el volcán Cotopaxi. Segundo porque las motivaciones usadas son de corte ideológico para justificar que el Estado ecuatoriano no debería actuar contra los que cierran carreteras, secuestran funcionarios y destruyen bienes públicos. Sin descontar que a nadie se le ocurriría dejar en la impunidad a quienes hirieron,  quemaron y laceraron a 114 policías. Lo de fondo: quieren sentar un precedente para futuras acciones legales y políticas. (O)