El fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los desahucios es histórico y le da la razón a la postura nacional manifestada desde el año pasado por las autoridades y las organizaciones de migrantes ecuatorianos en España.

Por ello el jefe de gobierno Mariano Rajoy está obligado a hacer reformas en la legislación del tema y terminar con los abusos cometidos contra la propietarios de inmuebles que estaban hipotecados. En la práctica debe anular esas regulaciones que garantizaban esos abusos y determinaban condiciones favorables para los acreedores: los intereses elevados, las garantías y los plazos. Todos esos factores que dieron paso a los deshaucios y, lo más doloroso, el suicidio.

De todos modos, el fallo tomará tiempo en consolidarse en reformas concretas y puntuales para no seguir afectando a decenas de miles de familias españolas y de migrantes, particularmente de ecuatorianos, quienes levantaron la protesta y con ello dieron la pauta para la presión política internacional,  bajo el principio y defensa del derecho humano a la vivienda.

Sin embargo, el gobierno español podría ser sensible y no esperar a las reformas para parar los miles de desahucios y  la expropiación. Eso, si ocurriera, diría mucho de las autoridades; pero es improbable que esta misma semana tome medidas urgentes bajo el espíritu del fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Al mismo tiempo esta medida crea un precedente histórico a nivel mundial para evitar estas prácticas muy bien concebidas por las empresas inmobiliarias bajo el amparo de Estados sometidos a los intereses de los poderosos y no al servicio de la comunidad.

Y queda muy en alto el Ecuador y sus ciudadanos por haber demostrado la injusticia que se cometía con esta política. Eso destaca al país y pone bien en alto la lucha democrática de sus ciudadanos.