El Ministerio del Interior, como ente rector de la política de seguridad, ha dado grandes golpes a la delincuencia. De eso no cabe duda. Ahí están las evidencias. No se ha necesitado ni llegar a fundamentalismos como la pena de muerte o la creación de aparatos clandestinos.

Con la ley y la firmeza de una política clara, los grupos delictivos saben que no hay otra condición sino someterse a las normas jurídicas. Todavía falta mucho, y para eso hace falta también mucha participación ciudadana y una conciencia distinta de lo que es la seguridad colectiva.

Ni todo está en la Policía ni tampoco se puede dejar todo a la ciudadanía. El tema es muy delicado como para que solo un  actor social sea el único responsable.