Tras la resolución de la Corte Constitucional, de la semana pasada, ante pedidos de varias organizaciones y personalidades, la Ley Orgánica de Comunicación está más vigente que nunca y adquiere plena legitimidad.

No cabe duda de que, desde su origen, esta normativa sufrió el más feroz ataque de grupos nacionales y extranjeros, sobre bases aparentemente jurídicas, cuando en realidad se trataba de una postura política muy clara sobre el derecho y la democratización de la comunicación.

Entonces, lo que corresponde ahora es ponerla en marcha con más rigor, sobre todo en temas clave, como el cumplimiento de la entrega de frecuencias de modo equitativo para medios públicos, privados y comunitarios.

Y no está de más profundizar en los cambios que la ley ordena para el fiel cumplimiento de anhelos de miles de personas, organizaciones, entidades y periodistas, como son las garantías legales y laborales, además del desarrollo de procesos de inclusión y participación ciudadana.