Algunos asambleístas lucen legalistas cuando de abordar el tema de la justicia se trata. Cada uno es más jurista que otro sin llegar a responder los temas de fondo: ¿Cómo se evacuan más de un millón de causas represadas? ¿Paula Romo y César Rodríguez han propuesto la fórmula mágica para resolver, a favor de la gente, esa traba casi endémica de la Función Judicial que no hace sino favorecer la corrupción?

Esos dos legisladores, que formaron parte de la bancada oficialista, tuvieron la ocasión de señalar la salida a esos problemas, pero parece que es más fácil colocarse en la oposición y desde ahí soltar las medidas mágicas para todo. Y no se diga menos de la propuesta de Enrique Herrería de pedir la destitución del Presidente de la República.

Cada uno, a su modo, cumple lo que dice el refrán popular: “No hacen ni dejan hacer”. Y eso solo prueba que, de hoy en adelante, cada acto -bueno o cuestionable- del Gobierno obtendrá de la oposición un rotundo rechazo porque lo que está en mente de esos asambleístas son las próximas elecciones y necesitan, de acuerdo a la vieja usanza, posicionarse mediáticamente como los contradictores de este régimen, sin importar lo poco que aportan a la profundización democrática del Ecuador.

Resolver en 18 meses los problemas de más de 30 años de la ineficiencia judicial no es un asunto fácil ni puede ser asumido con las mismas herramientas de antes. La gente votó en la consulta popular por una solución urgente a ese problema, y en esa dinámica debe ser afrontado. Si el estado de excepción facilita esto, con más razón hay necesidad de que sea de modo transparente y eficiente. Le corresponde al Gobierno trasladar los recursos y al Consejo de la Judicatura Transitorio enfrentar ese reto sin una pizca de sospecha sobre un mal manejo, y menos con prebendas o  favoritismos.