El Procurador colombiano es un hombre superpoderoso, que con una ley o norma secundaria puede trastocar la voluntad democrática y hasta confinar a las autoridades legal y legítimamente elegidas. Esta vez le tocó a Gustavo Petro, alcalde de Bogotá. Pero son centenas de autoridades que han recibido el mismo ‘castigo’ de parte de ese funcionario.

La diferencia con Petro es que se trata de un alcalde de izquierda, con altos niveles de aceptación y apoyo, pero que no le cuadra a cierto sector oligárquico de ese país. La  CIDH impuso medidas cautelares, el presidente Juan Manuel Santos no acogió ese pedido y confirmó la destitución. Lo  ocurrido, para el resto del mundo es un precedente de lamentables consecuencias y solo revela ese uso extralimitado de una norma ‘extraña’ para la democracia.