El procurador general del Estado ecuatoriano, Diego García, ha denunciado internacionalmente que comunicaciones internas y los correos electrónicos de las más altas autoridades de nuestro país, incluido el Presidente de la República, han sido interceptados y trataron de ser utilizados por la petrolera Chevron en un juicio contra la comunidad amazónica.

¿Podrá la transnacional explicar cómo llegaron a sus manos esas comunicaciones? ¿Es lícito interceptar correos oficiales y privados para justificar una demanda? En la práctica se evidencian dos cosas: que Chevron utilizará todos los recursos (incluso ilegales) para ganar un juicio y que el espionaje continuará si  el mundo entero no condena lo que hace esta empresa y su Gobierno, que la defiende al más alto nivel.