Debido a un Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) Ecuador tuvo que pagar $ 1.100 millones a la Oxy. El desembolso se hizo cuando el país atravesaba una difícil coyuntura económica.

Todos los sectores coincidieron en que la petrolera violó las leyes nacionales por lo que la caducidad del contrato era ineludible. Sin embargo, esa posición fue ignorada por los tribunales internacionales de arbitraje, a los que está sometido el Estado justamente por los TBI.

Ecuador ya envió un mensaje al mundo con la consulta popular sobre los paraísos fiscales. Ahora puede hacer lo mismo al denunciar estos acuerdos, que se convirtieron en una perversa herramienta de las transnacionales.

Con el fallo contra Ecuador, los árbitros enviaron un poderoso mensaje: el dinero invertido es más importante que el respeto al marco legal. Los principios de soberanía obligan a protestar, a actuar. La denuncia de los TBI va en esa línea. (O)