Nadie puede alegar que el Gobierno panameño forma parte del ‘eje del mal’, como acostumbran algunos señalar al conjunto de gobiernos progresistas. Y tampoco nadie puede dudar que Panamá asume soberanamente sus decisiones, más allá de las circunstancias políticas de Ecuador. Cuando otorgó un asilo fue tan soberano como ahora al retirarlo. Lo hace sobre la base de evidencias jurídicas y no políticas. Y por lo mismo sienta un importante precedente: los delitos comunes no pueden convertirse en políticos por el solo hecho de que actores políticos cometan crímenes penales.

La decisión panameña advierte a la comunidad política ecuatoriana de oposición el verdadero rol de las instituciones jurídicas y las acciones políticas en una democracia madura.