Uno de los requisitos del Código de la Democracia es que las candidaturas sean producto de procesos democráticos internos. La intención evidente es acabar con cierto clientelismo, “dedazo” y esa administración política “privada”. Por lo visto hasta ahora, solo dos o tres organizaciones han realizado procesos de esa naturaleza. Una de ellas, por lo que registra la prensa y la página web, los realizó en todas las provincias. Otra, apenas si menciona un acto con características de asamblea o convención. Otra más menciona una asamblea.

Y en ese sentido, al parecer, en la mayoría de organizaciones no hubo verdaderos procesos democráticos internos para proponer las candidaturas para la Presidencia y representantes en la Asamblea Nacional.

Esto señala lo que los mismos actores critican: la madurez democrática no pasa por echarle  todas las culpas al otro, de mencionar públicamente el autoritarismo de unos haciendo lo mismo o peor dentro de sus organizaciones. ¿Es democrático autoerigirse como candidato presidencial y, encima, poner como compañera de fórmula a su esposa? ¿Es parte del crecimiento democrático de Ecuador hacer unas “primarias” entre los más cercanos y comunicar a la militancia sobre las decisiones que no se procesan colectivamente?

Es cierto que todo proceso necesita tiempo, maduración y empoderamientos. Incluso, como ya se ha comprobado, aunque la ley impone ciertas obligaciones, algunos actores políticos no las acatan porque prevalecen otros criterios.

El Consejo Nacional Electoral sabrá informar oportunamente si todas las organizaciones cumplieron con este mandato y se sometieron por igual a sus bases y representados. De no hacerlo, no solo la ley sanciona sino que la misma demanda de democratización colectiva los castigará. Es decir: hagamos de los procesos una tarea colectiva para fortalecer y profundizar nuestra democracia.