El viernes en la noche los ecuatorianos recibimos incrédulos la resolución del Tribunal de Garantías Penales de Guayas. El organismo confirmó el estado de inocencia del exministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel, y de otros siete procesados por peculado. Es decir, lo liberaron de culpa en ese delito que lo hubiera dejado en prisión entre 10 y 13 años, según el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Pero el exfuncionario tiene dos procesos pendientes por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Estas tres causas penales se abrieron por el mismo caso: irregularidades y mal manejo de los fondos públicos durante su administración como director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), desde el 6 de junio de 2013 hasta el 8 de diciembre de 2014. La Contraloría hizo varios exámenes especiales y determinó indicios de responsabilidad contra Espinel por los contratos del IESS con clínicas privadas. Por ejemplo, una de esas clínicas cobró 11.770,81 dólares por una cirugía, pero su costo real era de 1.209,29 dólares, o sea que el Estado pagó en exceso 10.561,5 dólares. Según ese organismo de control, el perjuicio al Estado fue de 123.000 dólares, por ello la Fiscalía inició una investigación y acusó al exfuncionario y a otros siete por esos delitos. Con la resolución del Tribunal el exministro quedó absuelto por peculado, pero aún tiene los dos procesos pendientes. La audiencia por el caso de lavado de dólares será este miércoles en Samborondón. Esa causa se originó por una investigación fiscal relacionada con 669.000 dólares que recibió Espinel entre 2010 y 2016 y solo justificó 378.000 dólares.

En esta ocasión, ¿la Fiscalía podrá probar la culpabilidad de Espinel? O ¿fracasará como lo hizo en el delito de peculado, a pesar de las pruebas y de una investigación que ha durado varios meses? Espinel sigue detenido por las otras dos causas en el Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil, desde el 22 de septiembre de 2018. El caso Espinel nos deja la sensación de impunidad y la evidencia de que la Justicia aún está en manos correístas para tapar los actos de corrupción del anterior gobierno. No es posible luchar contra ese flagelo si los fiscales y los jueces no hacen su trabajo. (O)