La declaración del ministro de Economía y Competitividad de España, Luis de Guindos, lo reveló casi todo: la ley aprobada en el Congreso el jueves pasado favorecerá a las familias que pueden ser excluidas socialmente por no poder pagar las hipotecas. En otras palabras, se reconoce que la política sobre el tema sí generó una injusticia, un acto tremendamente injusto con quienes lo único que hicieron fue poner su dinero, sus años de trabajo, para adquirir una vivienda.

Por vía del decreto ley aprobado, pues el partido de Gobierno tiene la mayoría en el Congreso, se definen una serie de topes para pagar las hipotecas y con ello favorecer a personas que compraron viviendas con valores entre los 120 mil y 200 mil euros, según la población de las ciudades. Con eso, a la vez, se admite que hubo un trato discriminatorio y excluyente.

Además, el decreto hace realidad el código de buenas prácticas para la banca, ofrecido por Mariano Rajoy, que ha sido motivo de polémica y hasta de burlas por algunos analistas. La razón: ¿cómo pedirle buenas prácticas a la banca si ya lo que hizo está sacramentado y jamás lo hizo pensando en el cliente sino en sus depósitos?

Lo más significativo, aunque todavía insuficiente, en particular para nuestros compatriotas, es que las personas que no puedan pagar, aún con las nuevas normas, no podrán ser desalojadas de sus hogares inmediatamente, sino que se las dejará “por un tiempo” y mientras tanto pueden pagar un “alquiler razonable”.

La medida se aprobó el mismo día en que los sindicatos españoles protagonizaron una huelga general. Medida de hecho polémica, porque a pesar de protestar por la reforma laboral que viola derechos, no tomó en cuenta otras demandas sociales. Incluso se cuestiona que la huelga lucha por quienes tienen empleo y se olvida de los 5 millones de desempleados.