Si no se informa con claridad y con todos los elementos, se llega a conclusiones y análisis equivocados. En Venezuela, desde hace varios meses, la Asamblea Nacional
-con mayoría de oposición al Gobierno- ha desatado un proceso de sabotaje político e institucional que la gran prensa privada mundial ha ocultado. Por eso hablar de golpe de Estado es fácil si se desconoce la Constitución y la normatividad de ese país, mucho más si se ignora la nula labor de los legisladores.

La decisión jurídica y constitucional asumida en Venezuela por el Tribunal Supremo de Justicia debe entenderse en el contexto político de lo que ha hecho la oposición legislativa. De ahí que es un deber mundial convocar al diálogo sensato y pacífico de los actores políticos de Venezuela.

El trabajo técnico de la Unasur debe continuar para resolver las diferencias o discrepancias en ese escenario: paz y diálogo. Pero eso sí, hay que rechazar cualquier intento de desestabilización desde grupos, sectores y organismos internacionales. La soberanía de Venezuela también es inalienable, y el concierto mundial conoce del riesgo de aventurar acciones en contra de ella. (O)