La Asociación Española de Banca (AEB) hizo lo que por muchos meses los inmigrantes ecuatorianos habían demandado desde una condición absolutamente humana: paralizar los desahucios de viviendas por no poder pagar las hipotecas. La medida rige por los dos años siguientes para las personas que por “extrema necesidad” no lo puedan hacer.

En otras palabras: triunfa la lucha de los inmigrantes ecuatorianos, incluida la tesis del gobernante del Ecuador, Rafael Correa, cuando habló personalmente con el presidente Mariano Rajoy en el primer trimestre de este año, en Madrid. Y triunfa porque el acceso a una vivienda es un derecho humano que no puede conculcarse por las “fallas” del sistema financiero ni nacional ni mundial en ninguna parte del planeta.

La situación para alrededor de 400 mil familias españolas dejaba traslucir un problema más allá de lo financiero, y para unos 80 mil ecuatorianos en ese país ya era insoportable. Y fueron muchos de ellos los que levantaron las banderas en contra de aceptar el desalojo y quedarse con la deuda, cuando los causantes del descalabro son las empresas inmobiliarias y los bancos que, además de recibir fondos estatales para cubrir sus problemas, se quedan con departamentos vacíos, sin importar el perjuicio causado a seres humanos.

Por ahora es una respuesta urgente a un problema que rebasó toda consideración financiera y hasta jurídica como la quisieron poner las autoridades españolas cuando hicieron la campaña electoral. Y siendo así, todavía faltan otras medidas y acuerdos políticos para poder resolver los efectos colaterales de la crisis, como el desempleo, el cierre de empresas y negocios. Pero también para garantizar un retorno a políticas públicas a favor de la gente, y no de las empresas ni de los bancos.