No es la primera vez, y ojalá sea la última. Este domingo, una empresa privada que hace encuestas -cuestionadas ya por algunos actores políticos desde hace varios años- dio un resultado equivocado. Otra más mostró el suyo, pero sus datos estaban más apegados al registro de la más alta autoridad en los comicios, que es el Consejo Nacional Electoral.

¿Por qué debemos someternos a la ‘dictadura’ de una firma particular para saber quién nos gobernará? ¿Hasta dónde podemos creer que no lo hace en función de intereses muy concretos, sobre todo de quien le paga por sus servicios? ¿No debe ser una entidad estatal la que proclame los resultados oficiales cuando tenga todos los datos confirmados? Está bien hacer plata con sus clientes, pero que no nos obliguen a pasar un susto ni falseen la realidad con datos equivocados que pudieron suscitar una conmoción social. De hecho, un canal y esa encuestadora cometieron un delito: atentar contra la fe pública.

Para bien de la ciudadanía, existen medios públicos para contrastar la información de aquellas empresas y esos medios sometidos a la voluntad (y a la gran chequera) de un actor político. (O)