El veredicto condenó a 20 años de prisión al último dictador argentino, Reynaldo Bignone (1982-1983), de 88 años de edad. Y el general retirado Santiago Omar Riveros, de 92, recibió 25 años. Ambos por asociación ilícita y secuestros. Los exjefes de Institutos Militares del Ejército ya habían sido condenados en otras causas. Entre las 106 víctimas de este caso, hay 45 uruguayos, 22 chilenos, 15 paraguayos, 13 bolivianos, 10 argentinos y 1 ecuatoriano, cuya gran mayoría (90) fue secuestrada en Argentina, aunque también hubo desapariciones en Paraguay, Uruguay, Bolivia y Brasil. Todo esto como parte del llamado Plan Cóndor, esa tarea pensada, planificada y ejecutada por militares latinoamericanos con absoluta asesoría y presencia estadounidense, como señalan algunos testimonios y documentos. Todo ello significó la peor represión conocida hasta entonces en nuestra región. Bajo el pretexto de combatir a la subversión, se cometieron los más atroces crímenes, que algunos hasta ahora justifican (en nuestro país no solo hay políticos sino periodistas que lo hacen). Por eso la sentencia en Argentina sienta un precedente histórico para impedir la impunidad en el resto de la región y para señalar la ruta de lo que debe ser el respeto absoluto a los derechos humanos, a la plena y legítima insurgencia cuando hay (como ahora se verifica) actores políticos usando la fuerza armada a favor de poderes hegemónicos económicos. (O)