Con la llegada del invierno, la historia se repite cada año; y cada año los municipios aparecen como los menos responsables con sus obligaciones públicas, en general, aunque sí hay algunos que hacen su trabajo, a pesar de sus carencias.

En Guayaquil, por ejemplo, las imágenes parecen calcadas cada temporal lluvioso: calles inundadas, lodo por todas partes, autos estancados, casas con el agua hasta en los dormitorios. Y todo eso ocurre en aquellos barrios alejados del centro urbano, donde la regeneración no ha llegado, y menos la atención debida. Cierto: también la gente requiere empoderarse con su propio entorno y trabajar comunitariamente para  evitar los efectos de la temporada de lluvias, pero para eso también hace falta una campaña de los gobiernos locales.

¿Por qué se repite esa historia? ¿Acaso no hay una planificación para prevenir estos temporales? ¿Trabajan acaso los municipios con suficiente antelación para que alcantarillas, baches y todo lo que anega las ciudades tenga un mantenimiento integral? Parecería que sí, pero no en todos y, evidentemente,  no con suficiente anticipación.

En la nueva estructura del Estado, definida por el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), los gobiernos locales no solo que tienen presupuesto por ellos demandado y definido según sus prioridades, también tienen responsabilidades concretas, que no se restringen a recursos. La mayor responsabilidad de los municipios es interactuar con la comunidad para afrontar este tipo de problemas sobre la  base de un plan y una planificación concretas.

Pero como la cultura política generalizada es echar la culpa a otro, ya se oyen voces que reclaman al Gobierno central por la falta de atención en estos temas. Y el régimen debe tener claro que, si los atiende, ocurrirá lo de siempre: resolverá urgencias y emergencias que pueden evitarse con planificación, prevención y capacitación general a autoridades y comunidades. Por lo pronto, la gente debe ser atendida de inmediato por los cabildos.