Ni bien un periódico cierra su edición impresa y ya hay una campaña contra los medios públicos. Un legislador que enterró a su propio partido para dejar de ser socialdemócrata -y que ahora es un militante firme y disciplinado de la derecha- pide espacio, como si alguna vez se lo hubiesen negado.

Los abogados de determinado partido y de causas de opositores no cesan sus ofensas en las redes sociales. Un prefecto tiene instaurado un juicio, con una demanda de 5 millones de dólares contra el director de este diario y la prensa privada se hace de la vista gorda. Todo ello sin dejar de lado lo que hacen determinados gremios cada vez que salen en sus medios.

En otras palabras: se sienten incómodos con la variedad de voces, espacios, fuentes y contenidos. No creen en la democratización de la comunicación. Y por eso ya arman una campaña de ‘linchamiento’ contra los medios públicos. No es nueva y no siempre nace en Ecuador. Qué triste es que quienes demandan tolerancia no sean los primeros en practicarla.