La muerte de 85 personas es un crimen, no ocurrió por un accidente simple o una tragedia de la naturaleza. Son decenas de familias sumidas en el más profundo dolor. Se pierden padres, hijos, esposos, parientes. Con ello se acaban planes de vida y, para más,  quedan endeudados.

Y lastimosamente estos “accidentes” ocurren más de uno por año. Ya pasó con la cooperativa Reina del Camino: murieron alrededor de 30 personas, por orden gubernamental se la cerró y un juez la abrió.

¿Y? Las víctimas y familiares de los muertos siguen dolidos y afectados. ¿Los dueños de la cooperativa? Haciendo plata a costa del mal servicio y de la necesidad de transporte de la gente.

Ahora, en menos de una semana ocurren tres graves accidentes y en medio están cooperativas de transporte. ¿Cuánto le importa a la gente que el diario El Universo reciba medidas cautelares o no, si lo que está en juego es su vida, su futuro, su familia y todo lo que soñó?

Paradójicamente, el transporte público es un negocio privado, con una rentabilidad enorme. Por eso aumentan los pedidos de taxistas privados y de cooperativas interprovinciales. ¿Pero todo eso a costa de que cada año alrededor de 100 personas mueran? No, no es aceptable y por lo mismo el Gobierno debe tomar medidas urgentes y radicales.

Quizá todo el esfuerzo que haga la Policía por controlar (con todos sus defectos) no alcance para resolver de raíz un grave problema que coloca a la gente más humilde en situación de indefensión permanente, incluso cuando quiere disfrutar de unas vacaciones.

Los problemas reales del ciudadano común están ahí. Todos los días se juega la vida en los buses urbanos, que son otra desgracia de servicio. Y los trabajadores que van de una parroquia a otra sufren con el maltrato. Por tanto, si hay una prioridad en este país, es salvar la vida de la gente de las manos de choferes criminales.