Tras la sentencia de Bradley Manning y el proceso judicial sobre la revelación de documentos secretos del Gobierno estadounidense, parece que sus autoridades miden con mucho tino una posible vinculación directa del fundador de WikiLeaks, Julian Assange.

Evidentemente ha pesado un hecho clave: la difusión de los contenidos no es un delito. Y si lo fuese, no solo debería ser involucrado Assange sino todos los medios de comunicación, incluidos algunos estadounidenses, que publicaron en extenso. Pero ya sabemos que la determinación del futuro de Assange está en manos -por ahora y en la práctica- de la justicia sueca, que no ha logrado mostrar razones de peso para exigir la deportación solo para sustentar un paso en el proceso judicial por una acusación de poca solvencia.